DECLARACIÓN PÚBLICA DEL CONSORCIO
DE UNIVERSIDADES DEL ESTADO
ANTE EL DISCURSO PRESIDENCIAL SOBRE EDUCACIÓN El Discurso del Presidente Sebastián Piñera, transmitido en cadena nacional a todo el país el martes 05 de Julio del presente, ha reconocido la relevancia de la educación como pilar del desarrollo sustentable para Chile. El Gobierno ha escuchado las demandas de los estudiantes y sus familias que aspiran a una educación de calidad, inclusiva y accesible.
Valoramos la propuesta de un Nuevo Trato para las Universidades del Estado y que se contemple un fondo basal para su revitalización. Es primera vez que un Gobierno después de la reforma de 1981 asume este compromiso. Aspiramos a una declaración más explícita por parte del Presidente acerca del compromiso con la educación superior pública, en particular, con una atención preferente del Estado hacia sus universidades. Esperamos conocer mayores detalles de este fondo en cuanto a montos, plazos de implementación, carácter permanente del mismo y criterios de asignación. Nuestra demanda es avanzar hacia una estructura de financiamiento permanente con aportes basales.
Del mismo modo, nos satisface que se mencione la creación de una Superintendencia de Educación Superior. No es posible mantener un sistema desregulado y sin fiscalización. En este sentido, postulamos que las instituciones del sistema universitario, tanto públicas como privadas, deben estar sometidas a la más completa transparencia y rendición de cuentas de la totalidad de sus ingresos y egresos, y que debe existir fiscalización por parte del Estado de la ley que prohíbe el lucro en las universidades.
Nos parece relevante que se anuncie un Fondo para la Educación de US$ 4.000 millones. Sin embargo, como se ha hecho público con posterioridad, se trata de un fondo para la educación general, técnico profesional y de nivel universitario, donde un 60% de sus recursos están ya comprometidos en el incremento de la subvención educacional de básica y media. Por ello, se hace necesario que el Gobierno precise cuáles son los fondos nuevos y adicionales que se incorporarán para la educación superior. Chile está aún lejos de los niveles de gasto fiscal en educación superior de los países de la OECD y no hay un compromiso de plazos y montos claros para alcanzar, al menos, el promedio de dichos países.
Además, es necesario precisar cuál va a ser la modalidad de gestión de este Fondo, pues no se explicita si se trata de un incremento del presupuesto en educación por US$ 4.000 millones o un fondo de inversión que entregue intereses para gastos durante los años venideros.
Respaldamos las iniciativas tendientes a reformar el sistema de acreditación de calidad de las instituciones y carreras de educación superior. Somos partidarios que el nuevo sistema de acreditación debe entrar en vigencia antes de la apertura de recursos a instituciones de educación superior privadas, por lo cual es necesario que ese proyecto de ley sea ingresado a la brevedad al Congreso y tramitado con urgencia.
En materia de ayudas estudiantiles, compartimos que hay que reformar el sistema de Crédito con Aval del Estado, en la dirección de no gravar a las familias de sectores vulnerables y de clase media con una deuda por largos años y de costos elevados. Sin embargo, las soluciones no pueden significar subsidios al sistema financiero, pues actualmente los bancos no están traspasando a estos créditos la ventaja que significa tener el aval de las universidades y del Estado hasta por un 90% de la deuda. Además, hay un doble subsidio a través de la compra de cartera que hace el CAE a los bancos, que alcanza a un 45% de los créditos licitados en un año. Esperamos que la reforma para reemplazar el actual crédito con Aval del Estado contemple estas prevenciones.
Respecto a las medidas relativas al Crédito Solidario, consideramos que son insuficientes, pues se limitan a una reprogramación. Los Fondos Solidarios de Créditos de las universidades públicas requieren un compromiso del Gobierno para incrementarlos.
En general, en materia de ayudas estudiantiles creemos que debe avanzarse hacia un sistema de créditos y ayudas que no sea oneroso para las familias vulnerables y de clase media. Por ello, nos parece una omisión que no se diga nada respecto de los aranceles de referencia, que son el único instrumento de contención del alza de los mismos. Respecto de las becas propuestas para el 40% más vulnerable económicamente, es necesario aclarar cuáles son los recursos nuevos y sus destinatarios, pues actualmente existen instrumentos focalizados en estos alumnos. Los nuevos criterios de acreditación de calidad y de cumplimiento de la legalidad vigente que se les va a exigir a las instituciones deben establecerse previamente a la asignación de estos recursos.
Asimismo, en materia de admisión y respetando la autonomía de las instituciones, valoramos que se consideren criterios de equidad, al incorporar mecanismos de reconocimiento de talentos complementarios a la PSU, tales como el ranking de egreso de la educación media, lo que hace necesario dotar a las instituciones de fondos adecuados para acoger y nivelar a estos alumnos.
Nos llama la atención que el Discurso Presidencial haya omitido toda referencia a los planteamientos de las comunidades universitarias relativas al derecho de asociación y participación como actores en las instituciones, por cuanto ha sido el movimiento estudiantil, académico y funcionario el que ha posibilitado instalar en el debate nacional estos temas.
Valoramos que la educación técnico profesional de nivel superior tenga un tratamiento diferenciado del sistema universitario, en materia de ayudas estudiantiles.
Es valioso que se proponga establecer fondos para la formación de profesores, para las universidades regionales y para la creación de centros de excelencia en ciencia y tecnología. Sin embargo, no se conocen los detalles de estos programas ni tampoco cuántos recursos frescos se consideran, en atención a que estos fondos ya existen para los mismos fines. Tampoco se precisa las condiciones de elegibilidad de las instituciones.
Por último, acogemos el llamado del Presidente Piñera a un Gran Acuerdo Nacional por la Educación, el que debe ser construido con la participación de todos los actores. Para avanzar en este proceso, solicitamos hacer explícitas las fechas de ingreso, los plazos y las urgencias con que se enviarán al Congreso las diversas iniciativas.
Santiago, 11 de Julio de 2011.
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